Desde la creación del ministerio de Seguridad en diciembre del año pasado y los primeros avances para construir una política de seguridad democrática, con fuerzas de seguridad plenamente consustanciadas con los derechos de todos los argentinos, el gobierno nacional viene ratificando su voluntad de cambio. La no represión de la protesta social ha sido, desde 2003, una bandera central del proyecto nacional que ha restituido y otorgado derechos y garantías como ningún otro después del retorno de la democracia.
Es por eso que no podemos dejar pasar los hechos de los últimos días: la detención de cuatro jóvenes militantes del Partido Obrero, encontrados por la policía haciendo pintadas en un paredón del ferrocarril; la detención cuatro militantes de la JP Evita, en la noche del 9 de marzo, en el barrio Spurr mientras pintaban un paredón abandonado -hecho que no fue publicado por decisión de los chicos involucrados-. Y, en febrero del corriente año, la aprehensión de militantes de la agrupación La Cooke acusadas de pintar la sede del gobierno municipal.
Esta sumatoria de hechos nos lleva a repudiar cualquier intento de criminalización de la acción política y nuestra convicción irrevocable de que la profundización de la democracia es el único camino para garantizar el bienestar de todos los argentinos. La incorporación de miles y miles de jóvenes a la política es un hecho movilizador de este proceso, que no puede ser estigmatizado sino valorado por todos los ciudadanos que quieran que el país siga creciendo, que los argentinos sigamos consiguiendo trabajo o una jubilación digna, que la salud y la educación pública y de calidad incluyan a todos los argentinos.
JP Evita Bahía Blanca
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